La voz de Villarrobledo: “Donde dije digo…”

La voz de Villarrobledo: “Donde dije digo…”

20 agosto, 2018 Desactivado Por El Espectador

El 3 de abril de 2017, el Pleno del Ayuntamiento de Villarrobledo aprobaba una propuesta por la cual las empresas con las esta institución contrate servicios deben garantizar que no contribuyen directa o indirectamente con violaciones de los Derechos Humanos y de otros tratados internacionales. Es decir, que no las cometen y que no prestan servicios a quienes lo hacen.

En las semanas posteriores, la asociación ACOM (Acción y Comunicación sobre Oriente Medio) interponía un recurso contencioso-administrativo contra el Ayuntamiento, acusándolo de promover el antisemitismo con dicha medida. El pasado 12 de agosto, 1 año y 4 meses tras su aprobación, esta asociación hace pública su denuncia mediante un comunicado que declara que con aquel acuerdo Villarrobledo incita «al odio contra el pueblo judío» o que es «hostil a cualquier ciudadano o empresa israelí y a cualquier español asociado con Israel».

Tras esta denuncia, el alcalde Alberto González, presenta una nueva propuesta para aprobar en el próximo pleno. En ella, niega las acusaciones formuladas por la asociación ACOM, indicando que en el texto que se debe incluir en las condiciones de contratación «ni siquiera se menciona al estado de Israel». Tras esta explicación, de forma sorprendente, propone anular el acuerdo de protección de los Derechos Humanos que se había tomado en el Pleno del pasado 3 de abril.

Estos son los hechos. Ahora bien, es interesante plantearse algunas cuestiones: En primer lugar, es cierto que la exposición de motivos de la propuesta hacía mención explícita al boicot contra «el apartheid israelí», que se materializan en las anteriores obligaciones a las empresas que contratan con el Ayuntamiento. Estas medidas no serían efectivas si el estado de Israel no cometiera violaciones de los Derechos Humanos de forma reiterada, pero quienes acusan al Ayuntamiento prefieren poner el foco en un supuesto -y hasta donde se sabe, inexistente- odio antisemita. Además, dichas medidas son eficaces también en contra de otros atropellos, no sólo los que se perpetran a diario en Tierra Santa. Por ejemplo, se pueden mencionar los que cometen Arabia Saudí y sus aliados.

Además de esto, resulta sospechoso ver aparecer el comunicado de ACOM poco después de los últimos abusos cometidos por Israel: la aprobación de una ley que convierte en ciudadanos de segunda a los israelíes no judíos y la matanza de niños en Gaza por parte del ejército de aquel país. Sucesiones de acontecimientos como esta -que dicho sea de paso, son bastante habituales- podrían llevar a alguien a concluir que esta denuncia es un intento de influir en la política doméstica al servicio de los intereses de una potencia extranjera. Potencia que ocultaría así una limpieza étnica que es evitable utilizando como cortina de humo otra que sucedió hace décadas y que, a día de hoy, ya nada se puede hacer para remediar.

En este contexto, la Alcaldía propone anular el acuerdo del Pleno del 3 de abril. Si es cierto, como afirma en la misma propuesta, que las acusaciones no son más que infundios ¿por qué anular el acuerdo? ¿Es que las razones que en su día llevaron a aprobarlo ya no son válidas? ¿Es que de pronto «el Ayuntamiento debe mantener una posición neutral en el conflicto palestino-israelí», como si neutralidad significara aquiescencia? ¿Es que, acaso, el ruido mediático proveniente de lo que parece un grupo de presión pesa más que los principios que fundamentaron aquel acuerdo? ¿Es esta imagen de debilidad lo que debe transmitir un líder político?

Parece ser que la respuesta es, a día de hoy, sí. Un sí que, salvo rectificación, se consumará el próximo 21 de agosto y que será motivo de vergüenza en el futuro.

César Enríquez Fuentes